El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para que juzguen con perspectiva de género el caso de dos mujeres y un hombre trans, quienes fueron víctimas de tortura sexual por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) hace 11 años y cuyo juicio penal estará ahora bajo su responsabilidad.
A través de un comunicado, el Centro pidió además que se garantice la seguridad y participación efectiva de Korina Utrera, Denis Blanco y Charly Hernández, quienes fueron detenidas arbitrariamente el 27 de agosto del 2011 en Tabasco por los tres elementos de la Marina.
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Además recordó que los tres marinos fueron detenidos y se les dictó auto de formal prisión en el fuero civil por su probable responsabilidad en el delito de tortura; los elementos retuvieron ilegalmente en las instalaciones militares por más de 30 horas a las víctimas y a consecuencia de las pruebas obtenidas bajo tortura, las tres sobrevivientes fueron privadas de su liberta por cinco años hasta ser absueltas en noviembre de 2016.
En agosto de 2021, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, dictó una resolución mediante la cual negó la orden de aprehensión solicitada contra los elementos de la Semar por los delitos de tortura, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y, la falsedad de declaraciones tanto judiciales como en informes dados a la autoridad, esto por considerar que "no se acreditaba que el sufrimiento generado a las mujeres fuera grave", abundó el Centro Prodh.
Contra esta determinación, y con el apoyo del Centro Prodh, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la FGR presentó un recurso de apelación, el cual fue resuelto el 22 de noviembre de 2021 ordenando librar las órdenes de aprehensión contra los marinos únicamente por el delito de tortura.
La detención de los elementos y el inicio del proceso penal es un paso relevante para la justicia que ellas y él han buscado desde que retomaron su libertad, exigiendo que se sancione a los responsables y no haya impunidad, concluyó la organización.