La Cámara de Diputados someterá a discusión reformas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de establecer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, adoptarán medidas integrales para la protección de la infancia ante “matrimonios infantiles forzados”.
Esa situación se catalogará como una “práctica nociva”, y en la ley se identificará como la cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
La reforma al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes agrega que las medidas de protección deberán incluir acciones afirmativas respecto a menores de edad que forman parte de comunidades indígenas, tengan discapacidad o se encuentran en situación de movilidad o exclusión social.
Asimismo, los legisladores prevén aprobar reformas para propiciar la reinserción social de menores de edad sentenciados por delincuencia organizada.
Matrimonio infantil
El dictamen sobre matrimonio forzado que involucra a menores, elaborado a partir de distintas iniciativas, destaca la necesidad de establecer medidas de protección para prevenir, erradicar y suspender los usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que permitan la ventana de niñas para matrimonios infantiles, forzados o tempranos.
Se consideró pertinente tener en cuenta el término “prácticas nocivas“, establecido en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y disposiciones del Comité de los Derechos del Niño sobre las Prácticas Nocivas, adoptados de manera conjunta, último que enlista el matrimonio infantil o forzoso.
Casos de matrimonio infantil
El proyecto señala que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 se registraron en México 335 mil 563 matrimonios de los cuales, 26 involucraron al menos a un menor de edad. Los casos se concentran en Chihuahua, Durango, Guanajuato y Puebla.
Señala que de acuerdo a un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, los niños que viven en las regiones más pobres del país, son los más perjudicados por matrimonios infantiles y uniones a temprana edad, de manera forzada.
El análisis añade que esa práctica afecta principalmente a niñas y adolescentes de hogares indígenas, ya que cerca del 35 por ciento de las mujeres de esas comunidades, de 20 a 49 años de edad, iniciaron la vida conyugal antes de los 18 años.
En el caso de las mujeres no indígenas, la problemática afecta al 23 por ciento de las personas en el rango de edad señalado.
Reinserción menores sentenciados por delincuencia organizada
Por otra parte, la Cámara tiene previsto aprobar en su sesión de este martes 26 de abril, reformas a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y a la ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de combate al uso de menores de edad por la delincuencia organizada.
Lo anterior con el fin de establecer disposiciones para la reintegración social y familiar del adolescente involucrado en ese tipo de situaciones.
Garantizar supervivencia del menor
Los cambios propuestos indican que en el caso de menores de edad procesados o sancionados por delincuencia organizada, la reintegración incluirá medidas para garantizar su protección, supervivencia y reinserción, hasta que cumplan 18 años de edad.
También prevé establecer audiencias de individualización; y que en el caso de menores procesados por delincuencia organizada, el juez determinará los mecanismos específicos para su reintegración social.
La reforma nuevamente aclara, en artículos transitorios, que no se otorgarán recursos extraordinarios ni ampliaciones presupuestales para el ejercicio fiscal en curso y subsecuentes, con el fin de hacer efectivos los cambios legales.