Las reformas hechas a la Ley Minera, a petición del Presidente de la República, con el fin de establecer que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio quedarán en manos exclusivas del Estado y para ello se creará una empresa, podrían ser impugnadas a través de una controversia constitucional, manifestó el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Macías.
El legislador agregó que la Constitución prevé que en la extracción de minerales pueden participar empresas privadas, lo cual consideró, incluye al litio, aunado a que una ley secundaria no puede estar por encima de la Carta Magna.
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Omitió señalar que instancias del Gobierno Federal, gobiernos estatales o municipales u organismos autónomos, podrían impugnar la reforma, a través de una controversia constitucional, argumentando invasión de atribuciones y competencias.
Razones para impugnar reforma sobre litio
Afirmó que los cambios impulsados por el Ejecutivo Federal y que pasaron en ambas Cámaras del Congreso de manera exprés, son “tóxicos”, generan incertidumbre a la inversión y a las empresas.
Macías Olvera agregó que los artículos transitorios del ordenamiento, no aclaran cómo se dará trámite a las concesiones otorgadas y a las que están en proceso de autorización para aprovechar el litio, lo cual atribuyó a que el proyecto se impulsó “al vapor” y con el fin de recuperar terreno ante la derrota de la reforma eléctrica
Sentenció que la oposición mantiene firme la defensa de la Constitución. Sucederá lo mismo con las venideras reformas en materia electoral y de seguridad, tal y como ocurrió con la reforma a los artículos 25, 27 y 28 del máximo ordenamiento del país.
Estado, sin capacidad para explotar litio
Opinó que PEMEX es un “lastre” para la economía nacional y se puede anticipar que no podrá atender debidamente el tema del litio, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en pésimas condiciones, gracias a la administración ineficiente del director Manuel Bartlett, al que calificó como “emblemático líder de la corrupción”.
El legislador insistió en que la administración pública federal no tendrá la capacidad de explorar ni explotar el litio por sí misma y afirmó que con la reforma eléctrica impulsada en el anterior gobierno, en 2013, sí se logró el objetivo de bajar los precios de la luz, a partir del suministro de empresas privadas y públicas.