El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), anunció que la protección de los derechos de la niñez y adolescencia con referentes adultos privados de la libertad, requiere que las autoridades responsables les localicen, se diagnostique su situación individual y se les canalice a programas de educación, salud y comunitarios para beneficio de su desarrollo personal, sin embargo se ha dificultado porque para algunas autoridades el tema no es trascendente.
La jefa de Departamento de Políticas de Defensa y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sipinna, Emma Martínez Oloarte, presentó el seguimiento a la acción u2018Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con referente adulto privado de la libertadu2019 en el que subrayó que la aplicación de la Cédula de Identificación de Necesidades a esta población se inicia en los centros penitenciarios con el permiso previo de madres, padres o personas tutoras y permite empezar la atención integral e interinstitucional de niñas, niños y adolescentes.
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Durante 2020, el pilotaje de la cédula se realizó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 16 u2018CPS Femenil Morelosu2019.
En 2021 se aplicó el instrumento en distintos centros de reinserción social varoniles del país, y según datos de la DGIAPRS, hacia febrero de 2022 se habían aplicado 12 mil cédulas y atendido a 200 niñas, niños y adolescentes mediante visitas domiciliarias, así como distintas canalizaciones a instituciones y gestiones de becas, entre otras acciones de cuidado.
La sistematización de los datos recabados a través de estas cédulas que realiza la DGIAPRS ha presentado diversas dificultades debido a que en algunos centros el tema no es prioritario, por lo que en paralelo han comenzado a promover asesorías para sensibilizar a las autoridades penitenciarias, judiciales y otras relacionadas con los derechos humanos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad, donde se subraya la buena crianza parental.
A marzo de 2022, se tiene informe de los avances de las acciones de atención en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, donde se han turnado oficios a las procuradurías de protección municipales para realizar visitas domiciliarias, cuyos resultados han derivado en canalizaciones necesarias a diversos servicios.
El avance del mecanismo en el resto de los estados continúa.
Las metas para 2023 son tener las 32 entidades federativas con censo actualizado de la situación de hijas e hijos que viven con sus madres privadas de su libertad, y de las y los que viven fuera de los centros penitenciarios y que sean menores de 18 años; atención integral en los ámbitos de salud, bienestar y educación en los 32 estados al total de las hijas y los hijos menores de 18 años de mujeres que viven con ellas en centros penitenciarios, entre otros.