La Cámara de Diputados aprobó reformas al funcionamiento de la alerta de género, con el fin de hacerla más ágil y eficaz.
Por unanimidad de 478 votos a favor, la decisión que se turnará al Ejecutivo Federal, contempla establecer un plazo de hasta 45 días naturales, para que se emita alerta por violencia de género.
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Asimismo, se estableció que las organizaciones sociales, no gubernamentales, colectivos y víctimas, a través de sus representantes legales, también podrán solicitar la emisión de esos mecanismos, con el fin de inhibir la violencia de género.
La reforma también contempla ampliar las razones que originan la emisión de alertas, integrando las omisiones de las autoridades en la atención a los casos de violencia, agresiones y feminicidio.
Gobiernos locales deben aportar recursos
Prevé que los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán colaborar aplicando los recursos presupuestales necesarios y suficientes de carácter extraordinario, para implementar las alertas y atender las causas que las originaron.
Agrega que en cuanto se admita la solicitud respectiva, se deberá conformar un grupo interinstitucional conformado por representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
También el Mecanismo para el adelanto de las mujeres del estado que solicite la alerta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles, así como personas o instituciones consideradas especialistas en defensa de derechos humanos.
El grupo señalado, tendrá hasta 30 días naturales para analizar los hechos de violencia, agresiones y riesgo para las mujeres, que hayan generado la solicitud en cuestión; aunado a que la CONAVIM tendrá que dar seguimiento al funcionamiento de la alerta.
Contra la violencia de género
Al presentar el proyecto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del recinto, la integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julieta Vences, subrayó que la alerta es un mecanismo que funciona y ha dado resultados, pero es preciso afinar.
Como ejemplo de los ajustes necesarios, está el plazo de 45 días para la emisión de las alertas, ya que hay ocasiones en que la declaratoria de las mismas ha tardado más de un año a partir de la solicitud presentada por las autoridades ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB).