La reforma eléctrica propuesta por el Presidente de la República sigue generando controversia entre funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y representantes del sector empresarial.
Durante el foro número 15 del parlamento abierto en la materia, organizado por diputados federales, Mario Morales, director de CFE Intermediación de Contratos Legados, sentenció que el Ejecutivo Federal ya intentó modificar las reglas del sector eléctrico con normas y disposiciones reglamentarias que han tenido como respuesta cientos de amparos por parte de los empresarios.
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El funcionario sentenció que por ello, si las reglas no cambian a través de una reforma constitucional como la que ha propuesto el Ejecutivo, "no pasará nada" y las instancias especializadas del Poder Judicial seguirán otorgando amparos.
Puntualizó que hasta el momento, hay 4 mil 250 impugnaciones de ese tipo; aunado a que, se estima, entre el 14 y 16 por ciento de los contratos de "autoabasto", son simulados o ilegales, ya que hacen pasar a sus clientes por "socios" para evitar pagarle a CFE.
"Dicen, ¿por qué cambiar la Constitución si no es importante?, estos temas se pueden negociar. Quiero decirle que esta administración ha intentado modificaciones a la regulación que rige este modelo, sin tener el éxito esperado (\u2026) Si no se cambia, sin esta reforma no hay modo de hacer nada", recalcó, al insistir en el reclamo por la presentación de amparos.
Indicó que los abusos de inversionistas y la entrega del rubro eléctrico a manos privadas nacionales y extranjeras, no inició en 2013, sino en la década de 1990, sin embargo, la reforma del sexenio anterior, "cubrió" las irregularidades cometidas con décadas de antelación.
También admitió que hasta el momento, la Comisión tiene indicios pero no tiene pruebas, de que las modificaciones hechas en el gobierno del anterior Presidente, Enrique Peña, se impulsaron a través de actos de corrupción.
Reconoció que CFE tiene una matriz energética diversa, incluyendo elementos como carbón y combustóleo que seguirán siendo utilizados, ya que permitieron superar la crisis por la falta de gas proveniente de Teas, registrada hace un año, al iniciar el 2021.
Reforma negativa
Por el sector empresarial, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Enoch Castellanos, manifestó que la reforma implicará distintos impactos negativos, como una "expropiación suave" y afectación a derechos de inversionistas.
Calificó muy grave que el Gobierno Federal quiera anular el derecho al amparo pese a que es un mecanismo de protección de derechos consagrado en la Constitución. Los ciudadanos seguirán defendiéndose, si consideran que sus garantías fueron afectadas, advirtió.
Sentenció que si el proyecto se aprueba en los términos planteados por el Presidente de la República, tendrá efectos contrarios para el país, la inversión y el ciudadano, de inmediato.
"Es un galimatías aplicar esta reforma porque justamente a la entrada en vigor se cancelan todos los contratos, habría que bajar el switch de todas las centrales privadas, incluso aquellas que tienen contratos con la propia Comisión y contratos de largo plazo que se han heredado, justamente contratos legados", apuntó.
Agregó que la cancelación de contratos y el impedimento a las empresas a que puedan participar en el mercado, puede ser considerada una "expropiación suave" o bien, un atropello a derechos de los inversionistas.
Los industriales del país, dijo, piden garantizar certeza legal y jurídica, libertad de participar en el mercado eléctrico de manera lícita, dicen no a la eliminación de contratos vigentes y firmados conforme a la ley, así como respetar los derechos de las empresas y los trabajadores.
Fue insistente en señalar que el sector energético requiere cambios, sus normas necesitan actualizarse, si hay anomalías deben corregirse y si hay inversionistas que han abusado, se les debe sancionar, pero una reforma constitucional para corregir aspectos específicos y que es impulsada a través de diagnósticos politizados o equivocados, es un gran riesgo.
Se pronunció a favor de no sacrificar a la planta productiva en el país, en aras de la CFE y negó que los empresarios se nieguen a pagar las tarifas o lo que le corresponde a la empresa productiva y también rechazó que se busque su extinción.
Incluso, señaló que hay disposición de pagar lo justo y de sentarse junto con el Gobierno Federal para llegar a un acuerdo, pero sin "matar los negocios privados" ni "matar la competencia" y sin modificar la Constitución.
Iniciativa de AMLO viola la Constitución
En su turno, el especialista en derecho ambiental, Miguel Ángel Marmolejo, manifestó que la reforma es contraria a la Constitución, carece de sentido lógico y jurídico.
Tampoco prevé un régimen de transición para la aplicación de la norma, y será tarea de los diputados determinar la coherencia y dar el debido sustento jurídico al proyecto que elaboren.
Consideró que una de sus disposiciones centrales, de dar a la CFE "al menos" el 54 por ciento de la generación, y a los privados, permitir "hasta el" 46 por ciento en ese rubro, genera falta de certeza jurídica, ya que en los hechos, podría impedirse la participación de empresas privadas en generación o bien, no garantizar que tendrán al 46 por ciento señalado.
A su vez, Alejandro Faya Rodríguez, exfuncionario de la Secretaría de Economía (SE) y actual integrante de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), manifestó que los cambios propuestos sí harán de CFE un monopolio en el sector, para lo cual, criticó, no hay justificación económica y social que lo sustente.
El comisionado indicó que el modelo señalado prácticamente ha sido abandonado en todo el mundo, por eso se le considera regresivo; aunado a que dará un papel irregular a la Comisión Federal, de jugador y al mismo tiempo árbitro o regulador del sector, con lo que se trastocan los principios de competencia.
Las disposiciones propuestas podrían generar aumento en tarifas o bien, cobros artificiales lesivos para la economía nacional, alertó.