La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento donde advierte que los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad, porque se obstaculiza el seguimiento de su proceso y las alejan de sus lugares de origen y de su familia.
Después de los hechos de violencia ocurridos en el Centro Estatal de Reinserción Social en Acapulco, Guerrero donde se registró un motín por la decisión de las autoridades de trasladar a 61 personas a penales federales, la CNDH pidió que esta medida se realice con pleno respeto de sus derechos humanos.
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Insistió en que los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad.
El organismo nacional consideró que en los casos donde se justifica mover a los internos por la sobrepoblación que hay en los penales, se debe evitar el traslado de personas sujetas a proceso.
Además de que deben emplearse criterios objetivos para la selección de las personas internas que serán trasladadas, tales como el comportamiento, la disciplina y la participación en las actividades organizadas, y no subjetivos, como su supuesto grado de peligrosidad.