Un juez federal ordenó liberar a 12 de los 30 marinos que fueron acusados de desaparición forzada, debido a que no existen datos que demuestren su responsabilidad en el hecho ilícito en agravio de Noé Ignacio Alférez Hernández y de Jonathan Ballesteros Loza, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en aquella entidad, determinó que "no se probó la existencia de dos testigos presenciales" que señalaron al personal naval como las personas que revisaron el vehículo de las víctimas tras un choque el 18 de febrero de 2018.
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Agregó que la denuncia, así como las entrevistas relatadas en la audiencia, son ineficaces para tener demostrado el delito de desaparición forzada de personas, pues bajo el test de racionalidad resultan inverosímiles, en virtud de que en los datos referenciados no se desprende indicio contundente que evidencie que efectivamente las víctimas hayan sido privadas de la libertad por elementos de la Secretaría de Marina.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a los marinos porque uno de los denunciantes aseguró que entre el 17 y 18 de febrero de 2018, "desaparecieron a las víctimas", a la una de la mañana.
Noé Ignacio conducía un vehículo Chevrolet Malibú Max negro, e iba acompañado de Jonathan Ballesteros; tuvieron un accidente en calle de la República número 92, esquina con Transformación de la colonia Infonavit en Nuevo Laredo, donde se impactaron contra un coche estacionado.
Gutiérrez Pérez destacó que todo lo dicho "fue por referencia de terceros", mismos que "no presenciaron ni les consta que elementos de las Fuerzas Armadas como lo es la Marina