El ofrecimiento de la empresa Construcción e Infraestructura Carso S. A. (CICSA) es de parámetros insuficientes para la rehabilitación y el desarrollo a futuro de las víctimas lesionadas por el desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro.
Respecto a que el 80 por ciento de las personas afectadas han aceptado los acuerdos reparatorios, como lo informó Ernestina Godoy, fiscal general de CDMX, el penalista Teófilo Benítez dejó en claro que es resultado de la presión y del litigio que inició el Ministerio Público en favor de la empresa Carso Construcciones, la cual fue exculpada de todo procedimiento penal.
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En un mensaje a medios señaló que de las 14 víctimas que representa, solo dos recibieron la propuesta de Carso, la cual es considerada una burla, puesto que el ofrecimiento no representa ni garantiza los gastos para resarcir los daños y continuar con una vida libre de complicaciones.
"Es sumamente vergonzoso que salgan a decir esto a los medios de comunicación cuando realmente no han querido ni siquiera por parte de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de reconocer a las víctimas lesionadas de esta tragedia como víctimas, por lo tanto reprochamos como abogados de estas víctimas que salgan a decir que esto es algo histórico y que conlleva estándares internacionales, que pena, no pueden burlarse así de las víctimas", sostuvo.
Mencionó que una de las víctimas fue citada en el centro de Bienestar Gilberto Ensástiga, en la alcaldía Tláhuac, para intentar convencerla de aceptar la propuesta de reparación del daño, sin que estuvieran presentes sus asesores jurídicos.
El jurista Benítez sostuvo que este acoso a las víctimas es persistente y el desplome y sus consecuencias siguen sumidos en la impunidad, a casi un año de ocurridos los hechos.
Teófilo Benítez sostuvo que representantes del gobierno capitalino y de la Fiscalía General de Justicia reiteraron a dos de sus representados a ignoraran la asesoría de sus abogados, presionándolos para firmar el convenio reparatorio.
Agregó que solo en tres casos, las víctimas han sido citadas en las oficinas del búnker capitalino, en la Unidad de Mediación Especializada, sin la presencia de los representantes de grupo Carso.
Por lo anterior, Teófilo Benítez consideró que el Gobierno ha desplegado un aparato de presión en complicidad con la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy para concretar la aceptación de los acuerdos reparatorios antes de que se cumpla un año del trágico evento que enlutó a 26 familias y que dejó a otras 100 lesionadas.
@amarilloalarcon