El ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión que se libró en su contra.
El ex servidor público presentó la demanda de garantías el 27 de enero de este año, es decir, 28 días después de que un juez le concedió el mandamiento judicial a la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Rápido y Furioso.
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No obstante, la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, aún no admite a trámite el escrito, ya que dio un plazo de cinco días para que García Luna precise cuál es el acto reclamado, autoridades a quienes se lo atribuye, fecha de conocimiento y antecedentes de dicho acto.
En dos ocasiones, la defensa del ex secretario de Seguridad Pública presentó escritos para desahogar la prevención; sin embargo, la juzgadora resolvió que el documento no atiende en su totalidad los puntos que fueron destacados, motivo por el cual resolvió mantener el apercibimiento.
El 9 de enero se dio a conocer que un juez federal libró siete órdenes de aprehensión por el delito de tráfico de armas relacionado con el caso de "Rápido y Furioso", en contra de Genaro García; Joaquín, El Chapo, Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa; Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia de la entonces Policía Federal, y Facundo Rosas.
Al respecto, la FGR señaló que en el caso de García Luna, existen ya otras dos órdenes de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado su solicitud de extradición.
Detalló que el caso “Rápido y Furioso” tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2 mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible.
De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dichas armas fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes.
Asimismo, la fiscalía destacó que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país.
En México, con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.
En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, al que se le destinaron las armas.