El juez Abel Méndez Corona, titular del Juzgado Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, resolvió que el Congreso de la Unión no tenía facultades para emitir la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Asimismo, declaró inconstitucional el plazo de 10 años que se impuso a ex funcionarios de alto nivel para que no puedan trabajar en el sector privado.
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Méndez Corona resolvió lo anterior al concederle el primer amparo contra esta ley a un ex funcionario del sector financiero, al que la Sofom Consupago le negó un empleo en septiembre de 2021 porque no habían pasado diez años de que salió del Gobierno.
El impartidor de justicia determinó que el Congreso requería una habilitación específica en la Constitución para legislar en materia de “austeridad republicana”, pues se trata de una política de Estado que tiene que estar prevista en la Carta Magna para evitar confusiones en cuanto a la forma en que se deben ejercer los recursos públicos.
Del mismo modo, puntualizó que el plazo de 10 años es excesivo porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan.
Agregó que el grado de especialización, la experiencia del personal de mando superior puede ser relevante para la iniciativa privada, pero el plazo de diez años genera incentivos perversos que afectan sus posibilidades reales de contratación.
El Gobierno impugnará la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, que tiene agendado para mayo discutir una acción de inconstitucionalidad de diputados de oposición, que impugnaron múltiples temas de esta ley, incluida la facultad del Congreso para emitirla.