Entre octubre 2021 y septiembre 2022 se registraron 189 mil 520 eventos de detención de personas venezolanas en la frontera entre México y Estados Unidos, un incremento de 275.2% en comparación con el mismo periodo de 2021.
En México, los eventos de detención de esta población pasaron de 4 mil 360 en 2021 a 72 mil 762 hasta octubre del año actual. Por su parte, los registros de quienes cruzan la selva del Darién pasaron de 2 mil 819 en 2021 a 148 mil 285 hasta octubre de 2022.
Las organizaciones Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Centro para la Democracia en las Américas (CDA), el Instituto para Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) y la Comisión de Mujeres para las Personas Refugiadas (WRC) presentaron el documento “Las consecuencias de las políticas migratorias de Estados Unidos y México sobre la protección de las mujeres y personas LGBTIQ+ venezolanas en el suroeste de México”, el cual fue resultado de su recorrido por Tapachula, Chiapas y San Pedro Tapanatepec, Oaxaca para documentar las condiciones de las mujeres y la población LGBTIQ+ migrantes venezolanas, tras la implementación de diferentes acciones para frenar la migración, por parte de Estados Unidos y México.
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Durante su trabajo, las organizaciones pudieron registrar que entre los principales retos que enfrentan las mujeres y la personas de la comunidad LGBTIQ+ es acceder al asilo o alguna figura de regularización migratoria, principalmente por la falta de información real; los tiempos largos de espera de 3 meses a 2 años; la separación familiar ante la imposibilidad de demostrar vínculos directos con la niñez y la adolescencia; vuelos de retorno a su país sin información de qué sucede a su llegada o si se les explicó sus opciones de estancia en México; y la violencia de género.
El documento incluye recomendaciones dirigidas a los gobiernos de México y Estados Unidos. Al mexicano se le insta a ofrecer Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias con autorización para trabajar; dejar de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en la implementación de políticas como Título 42 que violan las leyes de Estados Unidos, México y el derecho internacional; y eliminar las revisiones migratorias en carretera.
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Mientras que al gobierno estadounidense se le pide tomar todas las acciones posibles para acabar con la política de Título 42 y restaurar el acceso al asilo en la frontera de Estados Unidos-México; eliminar el requisito de un pasaporte para aplicar al programa parole para personas venezolanas y ampliar el número de plazas disponibles del programa; entre otras.