La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como tortura, agresiones con gases lacrimógenos y falta de atención medica cometidos en contra de 672 personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango.
El documento recomendatorio 75 VG/2022 está dirigido al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Hazael Ruiz y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.
La CNDH explicó que el 30 de junio de 2021, algunos internos del módulo 1 pretendieron ingresar a otros módulos con armas punzocortantes para agredir a un grupo antagónico.
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Señaló que no lograron su objetivo, sin embargo, internos de otros módulos subieron a la azotea y pidieron que se controlara a los provocadores, por lo que personal del CEFERESO 14 dialogó con los rijosos y regresó a los reclusos a sus dormitorios.
Sin embargo, el 1 de julio de 2021, personal de seguridad y elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo una revisión al interior del penal.
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En esta acción, agredieron física y verbalmente a las personas privadas de su libertad. Incluso, los atacaron con gases lacrimógenos, además de desnudarlos, despojarlos de sus colchonetas, cobijas, medicamentos, artículos personales, documentación jurídica de sus procesos y dejarlos incomunicados, sin recibir visitas ni llamadas telefónicas.
Asimismo, les restringieron alimentos, agua potable, y no permitieron que se bañaran durante seis días, además de que algunos dejaron de recibir atención médica.
Por ello, pidió que se inscriba en el Registro Nacional a siete víctimas y se proceda a la inmediata reparación del daño.
De la misma forma, se pide al titular del órgano penitenciario coadyuvar en la integración de la carpeta de investigación que está abierta en contra de nueve funcionarios.
Además, deberá dar seguimiento al expediente administrativo que está en trámite en el Órgano Interno de Control donde se investiga a diez personas servidoras públicas para deslindar responsabilidades.