La Guardia Nacional (GN) debería tener facultades para intervenir en la prevención de delitos cometidos en áreas naturales protegidas, planteó la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Patricia Armendáriz.
La congresista pidió reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que, “cuando la situación lo amerite”, integrantes no sólo de la GN, sino de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina (SEMAR), participen a modo de “colaboración”, combatiendo los ilícitos que se lleguen a cometer en áreas naturales.
La corporación vigilará, protegerá y procurará prevenir ilícitos cometidos en áreas naturales federales, a través de su área especializada en materia ambiental.
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Más facultades a la Guardia Nacional, sin más recursos
El planteamiento de la diputada Armendáriz Guerra, implicará más trabajo y responsabilidades para los guardias, sin embargo, puntualiza que no se asignarán más recursos públicos darle cumplimiento.
En artículos transitorios señala que la asignación y distribución de integrantes de la GN asignados a la protección del medio ambiente “serán determinados en su reglamento atendiendo a la suficiencia presupuestaria del Ejercicio que corresponda, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos”, dice.
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Añade que la instancia de protección al ambiente colaborará con la Guardia para elaborar un programa de capacitación y profesionalización de sus elementos en protección del medio ambiente, a través cursos.
La instancia tendrá apenas 180 días, a partir de la publicación del decreto, en caso de que ello ocurra, para realizar las modificaciones y adecuaciones del caso, en su reglamento interno.
Delitos en áreas naturales protegidas
La legisladora morenista refirió que entre otras conductas ilícitas que afectan al medio ambiente, están la tala ilegal.
Refirió que en el año 2020, el país perdió 127 mil 770 hectáreas de bosques, con un nivel de deforestación más acelerado que durante el periodo 2010-2015, cuando se perdieron 91 mil 600 hectáreas.
Añadió que, de acuerdo al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria del recinto parlamentario, los ilícitos y daños más frecuentes en áreas forestales y naturales protegidas son: el cambio de uso de suelo sin autorización, tala clandestina, incendios forestales, extracción no controlada de vegetación y animales, así como aprovechamiento ilegal de productos forestales no maderables.
Se refería al carbón, resinas, tierra de monte, hongos silvestres, plantas para fibras y ceras, semillas, tallos, hojas, rizomas y plantas completas.