El llamado “plan b” de la reforma electoral, a enviar por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados se está alistando y aunque la fracción de Morena lanzó un ultimátum para acelerar su procesamiento, el propio coordinador, Ignacio Mier, reconoció que los legisladores tienen hasta principios del mes de abril de 2023, para avalar cambios a la norma electoral.
Mier Velazco también negó que hayan sido sus compañeros de bancada o pugnas internas en la coalición Juntos Hacemos Historia, las que obligaron a poner freno a la discusión de la reforma constitucional electoral en el Pleno, y posponerla hasta la semana entrante.
Reforma electoral, no se pospone hasta 2023
Asimismo, negó haber afirmado que la reforma electoral se difiere nuevamente, hasta abril del 2023.
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Esto, luego de que el debate programado en el Pleno este martes 29 de noviembre y en el que se esperaba, el proyecto de reforma fuera desechado al no alcanzar la mayoría calificada.
En un mensaje en redes sociales, publicado después de declarar que el Legislativo tiene como límite los primeros días del mes de abril de 2023 para aprobar cualquier tipo de reforma electoral, el coordinador morenista afirmó que sus dichos fueron tergiversados.
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En un video agregado a su publicación, pidió no dudar de que la siguiente semana, la reforma electoral aprobada en comisiones, se debatirá en el Pleno.
En 2023, renovación de cuatro consejeros electorales
Agregó que antes del 15 de diciembre, tentativamente el 13 de diciembre, se emitirá la convocatoria para los aspirantes a nuevos consejeros del INE, y también a la conformación del Comité Técnico, así como los lineamientos de la selección.
El proceso de selección arrancará en cuanto se publiquen oficialmente las bases de participación, lo que se estima sucederá el 15 de diciembre, indicó.
En febrero del 2022, se llevará a cabo la evaluación del Comité Técnico, y para finales del mes de marzo, se someterá a votación en el Pleno, los nombres de los finalistas agrupados en cuatro quintetas.
En caso de que en la Cámara no se llegue a un acuerdo sobre los consejeros propuestos y no se alcance la votación de mayoría calificada que marca la ley, estos terminarán siendo electos por “insaculación” o sorteo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo.
Mayoría “interioriza” el dictamen de la reforma
En cuanto a la decisión de posponer una semana la discusión de la reforma ante la asamblea, debido a que integrantes de la mayoría querían “interiorizar” el dictamen que el día anterior defendieron en comisiones, el coordinador morenista dio más justificaciones.
Afirmó que en el caso del “plan b”, que sin precisar, se limitó a decir “llegará pronto” a San Lázaro, estimó que no obligará a diferir nuevamente su debate, a tal grado de llevarlo a 2023.
A morenistas y aliados no les tomará mucho tiempo “interiorizarlo”, porque incluye los mismos elementos de la reforma constitucional, sólo que a través de cambios a leyes secundarias.
“Plan b” en el límite de la Constitución
Admitió que las modificaciones a la ley electoral con el “plan b” prácticamente quedarán en el límite de lo que permite la Constitución, pero sin violentarla.
Lo que no se podrá reducir en leyes secundarias, será el número de integrantes de las Cámaras del Congreso, apuntó.
“Plan b” con cambios al INE
Cuestionado respecto a si el “plan b” con leyes secundarias afectará la estructura y organización interna del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió que sí.
Refrendó que según cálculos hechos por Morena, el gasto en el organismo electoral se podría recortar aún más, hasta por 3 mil millones de pesos, si se reducen las estructuras operativas en las direcciones generales de Organización y Capacitación.
Lo anterior, dijo, no pondría en riesgo tareas fundamentales del Instituto como la instalación de casillas ni la organización de los comicios.
Afirmó que el “gasto operativo” del INE es de 13 mil millones de pesos, más otros 2 mil millones de pesos acumulados en los fideicomisos, lo que hace un total de 15 mil millones de pesos.
Si se le recortan 3 mil millones de pesos, se tendrá que establecer en los artículos transitorios de las leyes secundarias, cuándo y cómo el INE deberá reintegrar los recursos a la Tesorería de la Federación.