La familia de luchador social y activista revolucionario Rosendo Radilla Pacheco, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que declare al Estado mexicano en desacato, por incumplimiento generalizado de la sentencia del Tribunal Interamericano en el que ordena entre otras cosas, que lleve a los responsables de su desaparición ante la justicia, garantizar una ruta integral de salud para la familia y dar con el paradero de Radilla Pacheco.
En conferencia de prensa, Victor del Pozo, coordinador del área de Defensa Jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), acompañado por tres hijas del activista desaparecido, advirtió que existe una profunda preocupación por parte de la familia y las organizaciones acompañantes, ante el evidencia de que el Estado mexicano pareciera estar buscando dar carpetazo al caso Radilla.
Rosendo Radilla Pacheco desapareció hace 50 años en un retén militar en Atoyac de Alvarez, Guerrero; el 23 de noviembre de 2009, la Corte IDH adoptó la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en este caso, en donde declaró entre otras cosas, la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla y ordenó medidas de reparación del daño que hasta el momento aseguran no se han cumplido.
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A pesar de ello el Estado mexicano, ha solicitado a la Corte IDH, que se considere que ha cumplido con todas las medidas de reparación y de por cerrado el caso. Ante este panorama anunciaron que también están buscando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emita una recomendación en donde pida al Congreso de La Unión crear una Ley General de Cooperación con organismos internacionales de derechos humanos que permita que el impulso del cumplimiento de decisiones internacionales deje de depender de la Secretaría de Gobernación; también busca que se reconozcan las violaciones a derechos humanos que se han cometido contra la familia Radilla durante la etapa de implementación de la sentencia.
“Estamos firmemente convencidas de qué nuestra actual situación de Impunidad y militarización de la vida pública no puede explicarse sin la permisión y tolerancia que históricamente ha tenido el Estado para permitir que los crímenes cometidos por militares nunca sean debidamente investigados“ dijeron las hijas, por ello finalmente solicitaron a la Corte IDH que convoque a una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia y que adopte medidas efectivas y deliberadas para garantizar que el Estado mexicano cumpla inmediatamente con las obligaciones derivadas en la sentencia del caso y que la FGR, reanude las acciones de búsqueda, entre otras cosas.