Las mujeres víctimas de violencia deberían contar con protección policíaca de manera inmediata, y para eso es necesario reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propuso la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Erika Díaz.
La legisladora indicó que, en los casos que no sea posible dar protección inmediata con elementos policíacos a mujeres víctimas de violencia, la autoridad ante la que se haya presentado la denuncia estará obligada a resguardar y proteger de inmediato a la denunciante, de manera preferente dentro de las mismas instalaciones en que se actúa.
Lo anterior, mientras se emite la orden de protección que haya a lugar, argumentó la diputada Díaz Villalón.
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El proyecto enviado a la Comisión de Igualdad de Género del recinto parlamentario, indica que ante casos de violencia contra las mujeres, es preciso actuar de inmediato para evitar que la vida e integridad y salud de ellas esté en mayor riesgo.
Víctimas sin protección
Refirió que de acuerdo a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las órdenes de protección a víctimas de violencia de género, son elementos que contribuyen a atender a quienes sufren agresiones que en muchos casos se vuelven mortales, pese a la presentación de denuncias ante las autoridades.
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Aunado a ello, añadió la legisladora, el organismo internacional ha advertido que las medidas de protección a víctimas por parte del estado, “no son adecuadamente implementadas ni supervisadas”, en especial por las instancias de procuración de justicia locales y de seguridad.
En consecuencia, es necesario reforzar la norma en la materia, a fin de “hacer real y efectiva la protección de la mujer e incentivar a que se sientan seguras de acudir ante las autoridades en busca de protección y auxilio”, insistió.
Lograr que la protección y resguardo físico a las mujeres agredidas, se ejecuten de inmediato, asignando protección policíaca o dando resguardo en las instalaciones de las instituciones ante las que se denuncia, abonará a garantizar la seguridad e integridad de las víctimas, aunado a que incentivará una actuación oficial más eficaz, consideró la legisladora del PAN.