La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que el pasado 8 de noviembre interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra el INE, a fin de que el máximo tribunal del país determine si la CNDH tiene facultades para la protección de los derechos político-electorales del pueblo de México.
El organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra acusó al Instituto Nacional Electoral y a sus consejeros de intentar silenciarlo argumentando que no tiene facultad para pronunciarse sobre la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de la recomendación general 46/2022 que emitió recientemente.
Aclaró que en dicho documento recomendatorio no pretende inmiscuirse en las decisiones o resoluciones que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitan tras cada proceso electoral, sino que busca que las autoridades encargadas de organizar, vigilar y dar certeza a los procesos electorales cumplan con su misión de respetar y hacer valer el derecho a la democracia en favor del pueblo de México.
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El organismo nacional dijo que la demanda que interpuso el INE anunciada este martes sin que la Corte diera a conocer formalmente su admisión, “deja ver sus evidentes fines políticos y mediáticos más que jurídicos”.
Insistió en que los derechos político-electorales, así como el derecho a la democracia y a defenderla, son derechos humanos, y vistos desde esta perspectiva es obligación de la Comisión Nacional protegerlos y defenderlos de todo aquel que pueda ponernos en riesgo o negarlos.