El despojo patrimonial cometido contra personas adultas mayores debería ser penalizado con uno y hasta seis años de prisión y multa de 500 a 5 mil pesos, así como la reparación del daño, propuso la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Bennelly Hernández Ruedas.
La congresista planteó reformas al artículo 395 del Código Penal Federal.
Las modificaciones señalan que “cuando el despojo se realice en contra de persona o personas adultas mayores, alguien de propia autoridad y haciendo violencia o fortuitamente, o empleando amenazas o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de el, o de un derecho real que no le pertenezca”, se le aplicarán las sanciones referidas.
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Violencia contra adultos mayores
La diputada Hernández Ruedas indicó que entre las formas de violencia contra adultos mayores se encuentra el despojo patrimonial.
Reconoció que por la falta de denuncias, la autoridad no atiende la problemática, ya que en muchos casos los agresores son miembros de la familia del adulto mayor.
Recalcó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores contempla medidas de protección para ese grupo poblacional, pero no establece sanciones ni penalizaciones para las conductas que las afectan, como el despojo.
Refirió que de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, el 87 por ciento de los adultos mayores en el país vive en hogares donde también habita una o más familias, y uno de cada 10 adultos mayores en México vive solo.
De los adultos mayores que viven solos, sólo el 41.1 por ciento son económicamente activos, y se calcula que el 70 por ciento tiene algún tipo de discapacidad.
Agregó que de acuerdo al Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD) es indispensable generar a nivel estatal y federal, mecanismos de información sobre la incidencia de delitos contra la población mayor de 60 años.
El reporte señala que en las entidades de la República, no hay sistemas ni registros únicos en la materia, lo que dificulta dar seguimiento a los casos de violencia y agresiones contra adultos mayores.