Tras un mes de discusión y al no alcanzar la mayoría de ocho votos para declarar la invalidez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición para impugnar las reformas que permiten a los partidos políticos renunciar a su financiamiento y destinar el dinero para labores de apoyo a la población en casos de desastre.
Con ello, se mantienen vigentes las modificaciones aprobadas a las leyes General de Partidos Políticos y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La única porción de la ley de Partidos Políticos que fue invalidada por el alto tribunal es la que establece que los partidos que quisieran devolver el remanente de su presupuesto público para ayudar en casos de desastre lo podrían hacer directamente a la Tesorería de la Federación.
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Los ministros argumentaron que este dinero debe ser entregado al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual es el responsable de repartir el financiamiento y auditarlo.