Los procesos legales contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no son ninguna persecución política, sino la aplicación de la ley, manifestó el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
El actual funcionario del gobierno de Hidalgo, señaló que en su momento, en el desafuero del exmandatario y en las investigaciones de distintas instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), se acreditaron los delitos por los que se busca a García Cabeza de Vaca, incluyendo el de delincuencia organizada.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, donde acudió como invitado a un foro en materia de finanzas digitales, el actual encargado de despacho en la Procuraduría del estado de Hidalgo enfatizó que previo a la emisión de la alerta migratoria y la orden de aprehensión, se verificó la situación legal del panista.
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“La respuesta del gobierno de Tamaulipas evidentemente, fue que ya no contaba con fuero, por lo tanto lo que se hizo por parte de la Fiscalía fue obtener una orden de aprehensión (…) además de la alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración”, expresó.
“Yo no veo bajo ninguna circunstancia una persecución política, se trata simplemente del cumplimiento de la ley”, abundó.
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Delitos acreditados
Nieto Castillo remarcó que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, como la FGR, la Sección Instructora de la Cámara y jueces de control, lograron acreditar conductas ilícitas como las que se le imputan.
Aclaró que el resolutivo emitido en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no significó exonerar al exmandatario, sino que el proceso de desafuero, una vez aprobado en San Lázaro, debía culminar con un resolutivo del Congreso de Tamaulipas, en materia de desafuero.
“Estafa hidalguense”
En cuanto a las acciones que realiza en el gobierno de Hidalgo, señaló que en unas pocas semanas, un mes aproximadamente, ya hay resultados.
A partir de denuncias recibidas, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, logró detectar una especie de “Estafa Maestra hidalguense”.
Refrendó que ese mecanismo ilícito involucra a 13 municipios y distintas empresas “fantasma”, a las que se atribuyen irregularidades equivalentes a 540 millones de pesos.
Rechazó que su labor como encargado de la Procuraduría estatal sea la de emprender “cacerías de brujas”.