El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lamentó que con la aprobación en el Senado de la ampliación del plazo de participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, se ha impuesto ya una política de seguridad militarizada de alcance transexenal en el país.
A través de un comunicado emitido a raíz de la aprobación, señaló que la permanencia de las fuerzas armadas en las calles carecerá de controles civiles robustos: se presenta como principal control parlamentario una Comisión Bicamaral que en realidad ya existe y ha sido inefectiva como contrapeso.
Además es claro que avanza el empoderamiento castrense, generándose riesgos para los derechos humanos, perpetuándose una política pública ineficaz y alterando los balances cívico militares, abundó el Centro Pro.
“La decisión es especialmente preocupante, en un contexto donde se ha documentado la vulnerabilidad digital de los castrenses, sus seguimientos ilegales a actores sociales, civiles y su vinculación con el narcotráfico en algunas localidades”, dijo.
Advirtió que México continúa alejándose de los estándares y recomendaciones internacionales y recordó el informe “Poder Militar” en el que documento violaciones a los derechos humanos, actos ilegales y una serie de irregularidades e ilegalidades cometidas por las fuerzas armadas en el país en su función de seguridad pública mediante una política de seguridad militarizada.