La mayoría de las Fiscalías Anticorrupción en México carecen de recursos necesarios para un combate efectivo a este flagelo; resaltó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) junto con Tojil.
Al presentar el estudio “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, Adriana Greaves de la organización Tojil denunció que las entidades del país no han otorgado el presupuesto necesario para acabar con la corrupción en el país.
“Este es un llamado para que nos demos cuenta que el combate a la corrupción está y cuesta mucho dinero. 24 fiscalías superaron el 2022 con un presupuesto inferior a 70 millones de pesos, San Luis Potosí e Hidalgo recortaron en un 87% este presupuesto, y en éste último se destinaron menos de impunidad millones de pesos de presupuesto”, remarcó.
Durante la segunda edición del informe, en conferencia de prensa, se informó que en 2022 la suma de presupuesto reportado por 25 fiscalías anticorrupción asciende a 808 millones de pesos.
Se destacó que de 19 mil 289 denuncias de corrupción presentadas ante las fiscalías anticorrupción locales en 2022, solo 4.3 por ciento llegaron ante un juez y 0.2 por ciento obtuvieron una sentencia.
Informaron que los estados de Baja California y Baja California Sur aún no cuentan con una fiscalía anticorrupción.
“Las fiscalías anticorrupción se mantienen con avance deficiente o nulo, es decir, aún no cuentan con las condiciones requeridas para funcionar correctamente y lograr resultados en la lucha contra la corrupción”, señala el estudio.
En materia de marco jurídica señala que falta autonomía de las fiscalías en 11 estados del país, además hay ausencia en los protocolos para investigar corrupción en 28 entidades, “sólo las fiscalías de Sonora y Querétaro cuentan con estos protocolos para investigar casos de corrupción únicamente la fiscalía de Quintana Roo tiene un protocolo para llevar a cabo los actos de investigación”.
Los representantes de ambas organizaciones demandaron autonomía presupuestaria para estas instancias; instrumentos jurídicos especializados en corrupción; la profesionalización del personal en las fiscalías, así como el empoderamiento de las víctimas de corrupción, entre otras.