NACIMIENTO

Ministro propone prohibir la colocación de nacimientos navideños en municipio de Chocholá

Miguel Fernando Anguas dijo que la colocación de adornos con motivos religiosos en lugares públicos y con cargo al erario tiene un fin de adoctrinamiento.

Imagen que muestra figuras navideñas.
Imagen que muestra figuras navideñas.Créditos: Cuartoscuro
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto discutir el próximo miércoles 9 de noviembre un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propone otorgar un amparo a Miguel Fernando Anguas Rosado contra la utilización de recursos públicos para la colocación de nacimientos navideños.

El juzgador argumenta que la colocación de adornos con motivos religiosos en lugares públicos y con cargo al erario tiene un fin de adoctrinamiento, sobre todo “cuando sobre esta clase de actos estatales –fundados en la religiosidad– pesa la presunción fundada de que pueden estarse utilizando con el fin perverso de dominar la psique de una colectividad”.

Por ello, Alcántara Carrancá propone ordenar al municipio de Choncholá, Yucatán, que se abstenga en el futuro de utilizar recursos públicos para colocar en espacios públicos signos que hagan alusión a una convicción religiosa.

En su proyecto, el ministro señala que mediante la instalación de la escenificación del “Nacimiento de Cristo” en un espacio público con recursos del erario municipal privilegió o consideró superior la religión cristiana sobre el resto de las concepciones de pensamiento o de conciencia, incluido el laicismo.

Y, como consecuencia de haber privilegiado los símbolos o insignias de la religión cristiana se posicionó como un ayuntamiento hostil e indiferente frente a cualquier otra concepción religiosa o de conciencia, a pesar de que la neutralidad del Estado mexicano dispone que toda autoridad ha de ocuparse de evitar la imposición de ciertas ideas o dogmas de unas personas sobre de otras.

Juan Luis González Alcántara refiere que esta resolución podría constituir un precedente cuya finalidad es marcar una pauta jurisprudencial tendente a transformar condiciones estructurales de desigualdad en el Estado mexicano que son incompatibles con el texto constitucional.