La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados solicitó a la Junta de Coordinación Política que lleve a discusión en el Pleno, la solicitud de más de 20 integrantes de la Comisión de Gobernación, de destituir al presidente y diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.
El peticionario y vicecoordinador petista en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña, negó tajante que ya haya un acuerdo en la Cámara, entre el PRI y la mayoría de Morena y bancadas aliadas, para dar “impunidad” a Moreno Cárdenas.
Destitución “Alito” como presidente de Comisión
Fernández Noroña subrayó que siguen en pie las peticiones de integrantes de la citada instancia parlamentaria, de remover al actual presidente, señalado por la presunta comisión de delitos como el enriquecimiento ilícito, que ya dieron origen a la solicitud de desafuero en su contra.
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También reconoció que a su vez, Moreno presentó una petición formal de removerlo a él de la misma Comisión, con el argumento de que acumuló faltas injustificadas suficientes, para atender ese trámite.
“Estamos planteando que la Junta de Coordinación Política resuelva presentar al Pleno. Simplemente hay un grupo de legisladoras y legisladores que consideramos que Alejandro Moreno no tiene autoridad moral ni política para presidir esa comisión ni ninguna, por cierto”, dijo.
Cero impunidad para “Alito”
El congresista rechazó la existencia de un presunto acuerdo entre el tricolor y el bloque mayoritario en el recinto, con el fin de olvidarse de las críticas y las peticiones de remoción de la presidencia de la Comisión de Gobernación, del diputado y dirigente nacional priista.
Lo anterior, a cambio de la presentación de la iniciativa que avanzó en San Lázaro y el Senado está a punto de modificar, sobre las Fuerzas Armadas y su intervención en tareas de seguridad pública.
Al negar que tal pacto de impunidad exista, el diputado Noroña aprovechó para recordar que la semana anterior se instaló la Sección Instructora de la Cámara, que dará paso al proceso de desafuero solicitado contra el priista, por la Fiscalía General de Campeche, que lo acusa de enriquecimiento ilícito.
“Quiero comentarlo porque han corrido cualquier cantidad de versiones sobre un supuesto acuerdo de impunidad que no existe, y que esta posición ratifica su inexistencia”, argumentó el petista.
El legislador no aclaró si su petición fue admitida por los demás integrantes de la Junta de Coordinación.
En el resumen de los acuerdos alcanzados, el asunto quedó como una propuesta de la bancada petista, sin aprobación.