Juez niega amparo a César Duarte contra vinculación a proceso y prisión preventiva

Un juez de distrito le negó el amparo a César Duarte Jáquez contra la vinculación a proceso que se dictó en su contra por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada dentro de la causa penal 3041/2019.

El impartidor de justicia solo dio a conocer el sentido de su resolución, pero aún no difunde la versión pública de su sentencia.

Asimismo, le negó la protección de la justicia federal al exgobernador de Chihuahua contra la prisión preventiva justificada, resolución que ya fue impugnada por lo que corresponderá a un tribunal colegiado resolver si confirma, modifica o revoca el fallo.

Al respecto, el juzgador consideró infundados los agravios del político priísta, quien argumentó que la prisión por el plazo de un año, ocasiona una demora prolongada en su detención, lo que constituye una pena anticipada.

No obstante, el impartidor de justicia señaló que la medida de prisión preventiva justificada sí es idónea y proporcional para asegurar su presencia en el proceso.

Agregó que existen datos que revelan que el ex mandatario fue detenido en la ciudad de Miami, Estados Unidos, país en donde permaneció por más de cinco años, incluso la propia defensa sostiene que tramitó su residencia y cuenta con licencia para conducir en esa nación.

Lo que evidencia que el imputado carece de arraigo en el lugar donde deba ser juzgado y cuenta con las facilidades para abandonar el país; aunado a la pena que pudiese imponérsele por los hechos imputados.

En ese sentido, es incuestionable que existe la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Chihuahua, entre los años 2011 a 2014, Duarte Jaquez acordó con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público un reparto de roles y actividades, para desviar recursos del patrimonio estatal por 96 millones 685 mil 253 pesos.

Se trataba de dinero que permanecía depositado en varias cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y estaba destinado para su ejercicio exclusivamente en fines públicos.

En dicho lapso, el gobierno estatal hizo 17 pagos reiterados a dos personas morales con las que había intereses personales y de negocios, al ser el exgobernador presidente del consejo directivo y administrador de una de ellas y accionista mayoritario de la otra.

Según la FGE, estos actos fueron orquestados para la entrega de dichos recursos públicos a ambos organismos, a través de 11 procedimientos administrativos simulados, hechos por los que la Fiscalía solicitó imponerle a César Duarte una pena de 27 años de prisión.