La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de policías estatales de Guerrero contra familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quienes pretendían manifestarse en la plaza de cobro de Palo Blanco.
La CNDH consideró que las acciones realizadas por las fuerzas de seguridad federales y estatales impidieron que las víctimas indirectas del caso Iguala, ejercieran de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión, consagrados en leyes nacionales e instrumentos internacionales.
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Por ello, exhortó a la Guardia Nacional y a la Policía de Guerrero para que "tomen las medidas necesarias para garantizar sus derechos humanos y su lucha, en legítima demanda de conocer la verdad y que se haga justicia en este caso; además de abstenerse de incurrir en acciones que puedan poner en riesgo su integridad física".