Víctimas por el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro, negaron que hayan llegado a algún acuerdo repertorio y denunciaron, a través de su asesor jurídico, Cristopher Estupiñan, que han sido presionadas y amedrentadas por personal de gobierno y de la empresa Carso.
El penalista informó que previo al Segundo Informe de labores de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, trabajadores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CDMX y de la citada compañía, L se presentaron en los domicilios de los afectados para presionarlos a formar los acuerdos reparatorios.
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El asesor legal de 20 familias implicadas en el caso, dejó en claro que no sólo no se ha cubierto el 80 por ciento de acuerdos con las víctimas, sino además, se les "presiona y amaga" para que firmen el acuerdo.
"Es indignante que el personal de la CEAVI, junto a personal que se presenta como de la empresa Grupo Carso, se presente sin previa cita ni abogados ni asesores jurídicos acreditados a las casas de las víctimas para hostigarlas y presionarlas a fin de que firmen un convenio de reparación integral en el que se libere de cualquier responsabilidad a las empresas.
"Se trata de un monto determinado de manera unilateral, sin previa consulta y sin darles la oportunidad a las víctimas de analizarlo y revisarlo con sus asesores jurídicos", puntualizó.
Dijo que tampoco se permitió a las familias afectadas obtener una copia del documento para su revisión, bajo el argumento que para ese fin está el personal de la Comisión (CEAV), aunque esa orientación sólo "responde a los intereses políticos del actual gobierno, más no una verdadera reparación."
Estupiñan denunció que sus representados recibieron sorpresivamente la vista en sus domicilios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la capital y de dicha empresa previo al informe de la fiscal Ernestina Godoy, cuya orientación no fue de utilidad para las familias de las víctimas.
"Orientación que sólo responde a los intereses políticos del actual gobierno que busca seguir sumando puntos políticos, aprovechándose del dolor y la tragedia sucedida, que no le importa una verdadera siquiera una verdadera reparación", sostuvo.
Añadió que el gobierno de la ciudad y la Fiscalía capitalina que dice ser autónoma, han caído en el extremo de inclinar la balanza en favor de la empresa constructora a la que favorecieron y no en beneficio de las personas que enfrentaron el trauma del colapso y sus familias.
El penalista sostuvo que lo peor es que la indemnización que se ofrece es como una limosna que dan por generosidad, la cual deben aceptar las víctimas por obligación e incluso agradecerlo.
Añadió que resulta "vergonzoso" que a unos días de cumplirse nueve meses de la tragedia, la Fiscal General de Justicia de la ciudad de México que encabeza Ernestina Godoy, anuncie que se han cumplido casi el total de acuerdos reparatorios, pese a no tener ninguna sentencia en el juicio que sigue, aplazado hasta el próximo 7 de marzo.
@amarilloalarcon