Tribunal rechaza dejar en libertad a esposa de 'El Mencho'

Se resolvió lo anterior, luego de González Valencia, de manera injustificada, no atendió dos citatorios que se le hicieron.

Tribunal rechaza dejar en libertad a esposa de El Mencho / Foto: Especial
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Rosalinda González Valencia deberá seguir en prisión el proceso penal que se inició en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un tribunal confirmó la resolución del 16 de noviembre de 2021, con la que un juez de distrito le impuso a la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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El impartidor de justicia resolvió lo anterior, luego de González Valencia, de manera injustificada, no atendió dos citatorios que se le hicieron el 5 y 7 de septiembre de 2018 para resolver una autorización para obtener una muestra de voz, además de que no atendió su obligación de presentarse los días jueves ante el órgano jurisdiccional que sustancia el proceso.

La defensa de Rosalinda González calificó de excesiva la decisión impugnada ya que, "si bien la imputada incumplió con la obligación de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional a firmar el libro correspondiente", no ameritaba la imposición de la medida "más restrictiva", pues la prisión preventiva debe ser utilizada sólo cuando "todas" las otras medidas sean inadecuadas.

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Foto: Especia

Al respecto, el tribunal consideró infundados los agravios, toda vez que el juez actuó de forma legal al modificar las medidas cautelares para "evitar que continúe la paralización del procedimiento y la posible sustracción de la imputada".

Asimismo, detalló que al tomar en cuenta que a González Valencia le habían sido impuestas diversas medidas cautelares como la exhibición de una garantía económica, la presentación periódica en el órgano jurisdiccional y la prohibición para salir del país, sin autorización, para otorgarle la oportunidad de enfrentar su proceso en libertad.

No obstante, desatendió de manera injustificada las citaciones y mandatos que las autoridades investigadora y jurisdiccional le hicieron de forma ajustada a derecho, ocasionando con ello un retraso de tres años en la investigación, lo que da cuenta que las medidas cautelares no lograron cumplir el objetivo.