El líder parlamentario de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal, llamó a los Congresos de los estados donde aplica el delito de "ultraje a la autoridad", a derogarlo.
En una publicación en su página de internet personal y que difundió en sus cuentas en redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, subrayó que esa figura viola los derechos humanos, puede ser utilizado como un mecanismo de represión política y como justificación de detenciones arbitrarias.
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Tipo penal violatorio
En su escrito, Monreal Ávila señaló que el delito en cuestión, se aprobó en entidades como Veracruz, con el fin de proteger el correcto ejercicio de funciones específicas de policías, inspectores estatales o municipales, actuarios o notificadores.
En algunas entidades se estableció dando "amplio margen" al operador jurídico, para aplicarlo prácticamente a cualquier manifestación, lo que implica "lesión a los principios de taxatividad", legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal e igualdad en la aplicación de la ley.
La figura, viola distintas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 constitucional, ya que impacta negativamente en la libertad de expresión.
Esos elementos lesivos, agregó, han sido identificados como tales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), última que ha emitido recomendaciones en las que se pronuncia a favor de derogar el delito.
"Por las evidentes lesiones a los derechos humanos que éste representa, aunado a que puede ser utilizado como un mecanismo de represión política", afirmó.
Reducir arbitrariedades en la aplicación de la ley
El senado Monreal Ávila insistió en urgir a las autoridades locales de estados donde el delito está vigente, a que lo deroguen, con el fin de reducir los casos de detenciones arbitrarias, retenciones ilegales e imputaciones indebidas, así como garantizar el ejercicio de derechos, la seguridad jurídica y la libertad de las personas.
Como ejemplo de las arbitrariedades cometidas al amparo de la aplicación del delito de ultraje a la autoridad, citó el caso de su colaborador, el secretario técnico de la Junta de Coordinación senatorial, José Manuel del Río Virgen.
"Ese caso constituye uno de tantos de personas que han sido objeto de la violación a sus derechos humanos y de su libertad personal, y en los que se hace indispensable la aplicación pronta de justicia, frente a sujeciones a proceso sin que existieran pruebas ni acusaciones que permitieran demostrar la existencia jurídica de los elementos de los ilícitos que se les imputan", recalcó.