La Ley de Juicio Político aprobada en la Cámara de Diputados representa el riesgo de generar posibles crisis democráticas, advirtió la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.
Conforme a lo aprobado por la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados, en el Pleno de San Lázaro, el Poder Legislativo se transformaría en una instancia de "revanchismo político" donde los procedimientos de juicio político y desafuero podrían ser usados como instrumentos de "vendetta" personal.
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El diputado Marco Antonio Mendoza manifestó que las disposiciones avaladas pueden afectar la estabilidad política y social del país, así como generar crisis institucionales.
Al aseverar que los congresistas deberían tener como misión principal legislar a favor de la justicia, lamentó que la Ley aprobada no se haya estudiado a fondo.
Manifestó que los cambios legales son violatorios de la Constitución, tienen deficiencias técnicas y legales, pasan por encima de derechos fundamentales, violan el debido proceso y atentan contra la división de poderes.
Insistió en que los vacíos legales que presenta la nueva ley trastocan la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, aunado a que parecen estar diseñada para que los disidentes, opositores y críticos del régimen puedan ser amedrentados.
Lo anterior, en función de que cualquier persona podrá denunciar a servidores públicos, y propiciar que sean sometidos a procesos jurisdiccionales a partir de la presentación de "datos o indicios" que presuman la comisión de un delito.
Con ello, se atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y derechos humanos, porque se ha establecido que no es necesario presentar pruebas para abrir un juicio y "condenar" a un servidor público.
Los congresistas, finalizó el diputado Mendoza Bustamante, deberían distinguir entre la política y la justicia, y dejar en manos de las instancias correspondientes, la administración y procuración de justicia.