La Fiscalia General de Justicia de Yucatán (FGJY) omitió actos y líneas de investigación en relación a la muerte del joven veracruzano José Eduardo R., lo que derivó en un acto de impunidad ya que la víctima denunció detalladamente apellidos de oficiales y la corporación que le habría causado algún prejuicio sin que esto fuera indagado.
Así lo informó el abogado de 4 policías municipales de Mérida, Yucatan, David Dorantes quien aseguró que los elementos de la policía local quedaron en libertad y libres de culpa ya que se aportaron videos, testimoniales y datos de prueba concisos que demuestran no sólo la inocencia de los oficiales, sino la no participación en los hechos que imputó la Fiscalía del Estado.
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En conferencia de prensa, el defensor señaló que el juez de control del tribunal superior de Justicia de Yucatan tuvo a su disposición todos los videos del momento en que dicha persona es detenida y presentada en la comandancia de la Policía Municipal y en estos se comprueba que la víctima no recibió ningún maltrato físico o sexual.
Por esa razón la Fiscalía estatal ignoró los datos de prueba existentes y actuó bajo presión mediática para solicitar y obtener más ordenes de aprehensión en contra de los municipales sin presentar presentar ante el juez las diversas pruebas del caso.
"Pues claramente si no sigues todas las líneas de investigación y cuando vas a solicitar al juez una orden de aprehensión y tú omites información que sabes que si se la dieras al juez de control es probable que no te dé la orden de aprehensión , la Fiscalía del estado sabia que no estaba actuando de forma diligente y objetiva como lo establece la ley.
"Ellos deben cumplir con ciertos principios que establece el nuevo sistema y en ese sentido la Fiscalía fue omisa, no podemos hablar por una cuestión que fue omisiva por falta de pericia o por una cuestión dolosa, eso tendría que investigarlo el órgano interno de control”, sostuvo.
Las pruebas del abogado
Entre los datos de prueba que obtuvo el abogado David Dorantes se encuentran los testimonios de testigos que el 21 de julio, previo a la detención de José Eduardo R., vieron cómo éste se provocó en momentos diferentes autolesiones en la cabeza, golpes que posteriormente y al paso de los días le provocaron la muerte en el hospital donde fue internado, tras presentar su denuncia en la Fiscalía estatal.
"Al momento de estar detenido él se empieza a golpear a sí mismo la cabeza contra el piso, empieza incluso a gritar y esto no debemos dejar pasar que a partir de la detención cualquier cosa que le ocurra a un ciudadano que se encuentra detenido por parte de una dependencia de seguridad, lo que le suceda es responsabilidad en este caso de la Policía municipal de Mérida“, señaló el abogado.
“Incluso si se esta agrediendo a sí mismo debe haber un mecanismo de control en su persona, ya que posteriormente pudiera suscitarse un caso como este propio”, indicó.
Sin mencionar el nombre de la corporación, el asesor jurídico se refirió a la policía estatal de Yucatán como los posibles sospechosos que en su momento denunció el joven veracruzano de haberle causado agravios en su persona.
Agregó que esperará lo que resuelva el TSJ de Yucatán respecto a la posible apelación que presente la Fiscalía por la no acción penal en contra de los municipales.