En la saliente Legislatura en la Cámara de Diputados, se aprobaron reformas que resultaron ser inconstitucionales e inconvencionales, sea por ignorancia o a sabiendas de que se infringía la ley, ello, debido a que la mayoría de Morena, no atendió recomendaciones ni sugerencias de expertos, lamentó la diputada federal del PRI, Mariana Rodríguez.
Lo anterior, al participar en un seminario virtual sobre el control de convencionalidad en América Latina, organizado por legisladoras que promovieron la acción de inconstitucionalidad contra la llamada "Ley Zaldívar".
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En ese marco, la diputada Rodríguez Mier y Terán, subrayó que la obligación de los legisladores federales, era la de verificar antes de tomar decisiones, que éstas no contravinieran la ley a nivel nacional e internacional, sin embargo, ese cometido no se cumplió como debía.
La congresista indicó que las instituciones y el estado de Derecho viven "momentos aciagos" que se creían superados.
Expresó su esperanza de que, en la siguiente Legislatura, con el cambio en la correlación de fuerzas políticas, se produzca un cambio en la dinámica al aprobar reformas, para que estas no avancen sin tomar en cuenta el análisis y recomendaciones de expertos.
Los especialistas Víctor Rodríguez Rescia; Eréndira Nohemí Ramos, Asesora de Ponencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Carlos Rafael Urquilla Bonilla, abogado en derechos humanos; y Fabián Omar Salvioli, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, manifestaron preocupación por las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que no confía en el Poder Judicial porque "está podrido".
Indicaron que la recomendación a los legisladores es no aprobar cambios legales, en especial los que tienen gran relevancia como la reforma judicial en análisis, sin antes contar con "test de control de convencionalidad", con el fin de corroborar que no se incurrirá en violaciones a la ley.
Coincidieron en que, cuando un Poder excede sus facultades, quedan al descubierto la debilidad institucional existente, una falta de cultura democrática y en consecuencia, los derechos humanos quedan en indefensión.
Cuestionaron al Congreso de la Unión en su conjunto, por aprobar la reforma judicial con el agregado del artículo transitorio en que se introdujo de último momento la ampliación del mandato por dos años, en la Corte y el Consejo de la Judicatura.
La presidenta de la Comisión de Justicia del recinto, Pilar Ortega, subrayó que quienes se opusieron a la aprobación de la llamada "Ley Zaldívar", desde el inicio de la discusión advirtieron sobre las fallas en el proceso parlamentario y las disposiciones contrarias a derecho que se avalarían, y pese a ello, la mayoría logró su cometido.
Ortega Martínez refirió que se violentaron principios constitucionales y en el ámbito parlamentario al dar luz verde a una reforma que finalmente sería impugnada, en parte, ante la propia Suprema Corte de Justicia.
Indicaron que si bien, el Presidente López Obrador ha sido criticado por "atacar" al Poder Judicial, éste ha jugado un "tímido" papel al defender su operación, y en el caso del Legislativo, no se ha hecho mucho por intervenir ante esa situación.
Por el contrario, indicaron, los congresistas optaron por aprobar disposiciones en paquete, sin correcciones y con agregados irregulares, como la ampliación del mandato en la Corte y la Judicatura.
Esto sucede, hicieron notar, porque en México las autoridades y también los representantes populares, no están "acostumbrados" a rendir cuentas por la toma de decisiones.