La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de reclamación que promovió el Congreso de Baja California con el que buscaba quitar el freno a la reforma judicial que faculta al gobernador Jaime Bonilla Valdez nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
En octubre del 2020, el Poder Legislativo de la entidad aprobó el Decreto 110, con el que se reformaron 22 artículos de la Constitución local, para desaparecer al Consejo de la Judicatura estatal, remover a los magistrados numerarios y modificar el procedimiento de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial.
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¿Controversia constitucional?
Los consejeros de la Judicatura y magistrados promovieron una controversia constitucional, al argumentar que dicho decreto constituye una vulneración a la autonomía e independencia del Poder Judicial estatal, pues remueve a los titulares de sus órganos directivos y pone en manos del gobernador la elección de sus eventuales sucesores.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite el medio de control constitucional y otorgó la suspensión, con lo que los consejeros de la Judicatura y magistrados de Baja California no han podido ser destituidos, ni Bonilla Valdez ha podido nombrar a sus sustitutos.