Un secretario en funciones de juez le concedió la suspensión definitiva a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), la cual impugnó el acuerdo por el que se reforma el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.
Con la resolución del Juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativa, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) deberá mantener por tiempo indefinido los estímulos económicos y beneficios que otorgaba dicho sistema a investigadores y científicos antes de la aprobación de la reforma.
Información relacionada: Juzgado ordena a Conacyt seguir entregando apoyo a instituciones de educación
Cabe recordar que en el mes de junio de este año, el secretario general de FIMPES, Rodrigo Guerra Botello, informó que la Federación interpuso la demanda de garantías con el fin de garantizar el derecho de las universidades particulares y de sus investigadores.
Explicó que las universidades particulares cuentan hoy en día con el 4.6 por ciento de los investigadores y generan el 10 por ciento de las publicaciones, además del ocho por ciento de las patentes nacionales.
Indicó que el trabajo docente de los investigadores beneficia a 38 mil estudiantes de posgrado de manera directa, enriquece la experiencia universitaria de más de 264 mil estudiantes de licenciatura y promueve las vocaciones científicas.
JUZGADO YA HABÍA DADO AVISO AL CONACYT
El juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativa concedió la suspensión provisional a la FIMPES, la cual impugnó la reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), publicada el 20 de abril, por la cual más de mil 600 investigadores y científicos de universidades privadas ya no pueden acceder a fondos del Conacyt.
La medida cautelar obliga al Conacyt mantener derechos y beneficios del SNI a más de cien universidades privadas.
"Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados solicitada por los quejosos para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban, es decir, para que los investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de la expedición de las normas controvertidas", señalaba el acuerdo respecto a la medida contra el Conacyt.