El Gobierno Federal está manipulando la opinión pública y pretende influir en la decisión de los ciudadanos, en torno a la consulta pública de agosto próximo.
Al repartir volantes con la figura de los expresidentes, cuando la pregunta no refiere a ningún actor político particular, sino que se planteó de manera general, advirtió la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.
Héctor Yunes afirmó que, en términos de la pregunta replanteada por la Suprema Corte, el ejercicio también aplicaría en el caso de los funcionarios de la pasada administración en Ciudad de México, involucrados en la tragedia de la Línea 12 del Metro.
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"Ellos son actores políticos del pasado cuyas decisiones provocaron la muerte de muchas personas", sentenció.Otro elemento que comprueba el uso irregular del mecanismo de participación ciudadana, agregó el legislador, radica en que la Secretaría de Bienestar está distribuyendo volantes con la figura de los expresidentes, entre beneficiarios de programas sociales.
El diputado Yunes Landa apuntó que conforme a la ley, esa publicidad es ilegal, ya que el artículo 35 constitución marca que el organizador de la consulta, en este caso el Instituto Nacional Electoral (INE), es el único autorizado para difundir la consulta popular.
De modo que ninguna autoridad sea federal, estatal o municipal, puede hacer promoción directa de la consulta. Quienes lo hagan, demandó, deben ser sancionados.
Gasto millonario por la consulta popular
Afirmó que el llamado a opinar en agosto próximo, implicará un gasto millonario para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo en que se aplique la ley o no.
Cuando la obligación de la autoridad es presentar pruebas y denuncias ante las autoridades correspondientes, con el fin de hacer justicia en caso de que algún exfuncionario o exgobernante haya incurrido en delitos.
Y en ese supuesto caen actuales integrantes del gobierno federal y también de la administración capitalina, responsables por el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, insistió.
Recordó que la pregunta "corregida" por la Corte señala textualmente "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de los decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
En consecuencia, tratar de dirigir la atención hacia expresidentes es irregular, aunado a que ninguna otra autoridad que no sea la electoral, debe promocionar el referido mecanismo de participación ciudadana, finalizó el legislador.