El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que a partir del 2 de agosto de este año, el pleno del Alto Tribunal retomará las sesiones presenciales en su edificio sede.
Agregó que la Corte seguirá implementando los protocolos necesarios de seguridad sanitaria para salvaguardar la salud y la vida de las personas.
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"A partir del próximo lunes 2 de agosto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación regresa a sesionar presencialmente en el edificio sede del tribunal constitucional de México”, indicó.
Esto no implica un regreso a la normalidad total en las actividades no jurisdiccionales de la Corte, sino que por el contrario seguirán vigentes todos los protocolos de seguridad sanitaria que nos han permitido salvaguardar la salud y la vida de las personas que laboran en la Suprema Corte y del público usuario, dijo.
Zaldívar agradeció a todo el personal de tecnologías de la información por su trabajo, el cual permitió sesionar ininterrumpidamente y prácticamente sin incidente alguno o falla técnica que pusiera en riesgo no sólo las sesiones, sino todos los eventos organizados por la Corte.
SCJN A SESIONES PRESENCIALES TRAS CASI 17 MESES
La última vez que la Corte se reunió de forma presencial fue el martes 17 de marzo de 2020.
En esa fecha el país enfrentaba la primera ola de Covid-19 e iniciaba el confinamiento.
Ante la intensidad de los contagios y de las muertes, sobre todo en la capital del país, la Corte decidió reanudar sesiones de forma remota, un formato que nunca se había utilizado antes.
El 20 de abril, el Pleno de la Suprema Corte se reunió en formato de videoconferencia, a distancia y desde entonces, y de manera ininterrumpida, los ministros se han reunido para sesiones del Pleno y de la Primera y Segunda Salas del máximo Tribunal, en los cuales han resuelto casos de alto perfil.
Tales son los casos resueltos por la SCJN, destacan de la "Ley Bonilla", la consulta popular sobre juicios a "actores políticos del pasado" y más recientemente la Declaratoria General de Inconstitucionalidad para despenalizar el consumo lúdico de marihuana.