Presidencia impugna freno al PANAUT

El órgano regulador estimó que echar a andar el padrón le costaría 109 millones 864 mil pesos de inicio, más 88 millones 584 mil pesos anuales para mantenerlo funcionando.

Instalaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones / Foto: Cuartoscuro
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La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso un recurso de reclamación para impugnar la suspensión que le otorgó la ministra Norma Piña Hernández al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (IFT).

El recurso fue turnado a uno de los ministros, quien deberá elaborar el proyecto de resolución para determinar si confirma o revoca la medida cautelar.

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Remiten copias certificadas

Asimismo, la Consejería Jurídica y el Congreso de la Unión remitieron al Alto Tribunal las copias certificadas de los antecedentes legislativos y del Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se publicó el decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La ministra Piña Hernández afirmó que la implementación del PANAUT le ocasiona al IFT una afectación presupuestaria que pone en riesgo su autonomía.

Por este motivo, la impartidora de justicia le concedió la suspensión al órgano regulador para el efecto de que no realice las acciones dirigidas a afectar la partida presupuestal asignada con el fin de desplegar todas aquellas tendentes a instalar, operar, regular y mantener el PANAUT.

No se afecta la seguridad y economía nacional

Piña Hernández argumentó que con la medida cautelar no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, pues se busca asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable.

Agregó que tampoco se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida.

El órgano regulador estimó que echar a andar el padrón le costaría 109 millones 864 mil pesos de inicio, más 88 millones 584 mil pesos anuales para mantenerlo funcionando.

Indicó que la totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021, están asignados a las funciones que le mandata la Constitución.