Legisladoras de la oposición promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la llamada "Ley Zaldívar", que amplió dos años el mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pidieron que ese recurso y el que ya han presentado senadores de la República, sean prioridad para el Alto Tribunal.
La presidenta de la Comisión de Justicia de de la Cámara de Diputados, Pilar Ortega, refrendó que en breve, los diputados y diputadas de oposición que elaboran la acción de inconstitucionalidad contra el artículo décimo tercero transitorio de la reforma al Poder Judicial y probablemente, otras disposiciones de ese ordenamiento, tendrán listo el recurso.
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"Será un acto de la mayor prioridad para el Poder judicial de la Federación, pero es posible que siga reglas distintas a la resolución de otras acciones en atención a la consulta formulada por el propio presidente de la Corte. En este contexto resulta fundamental recuperar la visión que hay sobre este problema al interior del propio Poder Judicial de la Federación, desde las implicaciones de la aprobación del artículo transitorio, hasta las consecuencias de la politización de la justicia que eventualmente se ha abierto a partir de este artículo transitorio", apuntó la diputada Ortega Martínez.
DEFENSA DEL PODER JUDICIAL
En el seminario virtual de análisis de la reforma judicial y el polémico artículo décimo transitorio introducido de última hora en ese ordenamiento, magistradas y magistrados invitados, salieron en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Negaron que, como señala el Presidente de la República, a diario y desde Palacio Nacional, en general los jueces y magistrados sean corruptos y se pronunciaron contra la intromisión de otros poderes de la Unión en el Judicial.
Expresaron que la reforma en análisis, independientemente a la ampliación de mandato en la Corte, "se quedó corta".
"Se ataca al Poder Judicial, se hacen señalamientos de corrupción generalizada que ya hemos demostrado que eso es inexistente en el Poder Judicial de la Federación. Cuando todos los días desde la más alta tribuna del país se está polarizando la situación, se está llevando las cosas al límite, para que una base popular que desafortunadamente no ha sido materia de una educación cívica y ética, se deje guiar por este tipo de señalamientos que no corresponden a la realidad", manifestó el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero.
El jurista participó como director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
"Se nos ha tratado en esta reforma judicial en un contexto generalizado de corrupción, nepotismo, falta de competencia por parte de titulares y de plantillas de personal que ha estado 20, 15 años en el desarrollo de su propia trayectoria y de su propia carrera judicial y por el hecho de tener ese parentesco, se han convertido en personas que quedan proscritas de seguir aspirando a realizar este avance y este desarrollo", lamentó la magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"Tenemos que tener sistemas que se respeten, de cómo se eligen a nuestras juezas y jueces, en función de esas competencias. No podría y no debe existir ningún tipo de influencia o injerencia en favor de alguien o en contra de alguien. Tendría que haber una autonomía que se respete, insisto, desde la selección de quienes integran o los periodos por los cuales se integran los funcionarios del Poder Judicial", agregó la magistrada Marcia Laura Garza Robles, perteneciente al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.
PROBLEMA FOCALIZADO
Los juzgadores coincidieron en que, ha permeado en la opinión pública una narrativa respecto a que el Poder Judicial está inmerso en la corrupción, cuando el problema es focalizado.
Sobre las omisiones y elementos insuficientes de la reforma judicial, hicieron énfasis en el tema del recurso de revisión administrativa ante la Corte que jueces y magistrados tienen a su alcance, ante la imposibilidad de acceder al amparo, como cualquier otro funcionario público, con acceso a ese recurso para defenderse de medidas y decisiones que pudieran afectarlos.
Recalcaron que en la Carrera Judicial, las disposiciones de la reforma sobre la selección y nombramiento de personal en el Poder Judicial conforme a sus competencias, tampoco son suficientes.
ALERTAN RIESGOS PARA EL PODER JUDICIAL
Agregaron que un Poder Judicial sin independencia y autonomía, podría convertirse en la extensión de otro de los Poderes de la Unión, lo que va en detrimento de la democracia.
Apuntaron que la reforma tampoco abordó el tema de la carga de trabajo para jueces y magistrados en las entidades de la República, donde los asuntos a tratar se duplican, con respecto a los que se desahogan a nivel federal.
Los tribunales locales, en el caso de los electorales, apuntó la magistrada Garza Robles, requieren presupuestos suficientes, un régimen de sanciones y remoción definido, brindar condiciones de estabilidad en el trabajo a sus integrantes, así como contar con autonomía e independencia efectivos.
Lamentaron que el artículo décimo tercero transitorio de la reforma en análisis, que amplía dos años el mandato del presidente de la Corte, "puso en jaque la credibilidad del Poder Judicial".
Ante todo ello, la oposición presentará una acción de inconstitucionalidad contra la llamada ‘Ley Zaldívar’.