El ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión y su ejecución.
El juez, Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías y le concedió al ex gobernador de Sonora la suspensión provisional.
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El político priista señaló como autoridad responsable al juez de control Elmer Lerma Fontes, adscrito al Distrito Judicial Abraham González del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, con residencia en Ciudad Delicias, quien deberá rendir su informe previo en las próximas horas.
Asimismo, el juez Mejía Ojeda programó la audiencia incidental para el 10 de junio, fecha en la que resolverá si le otorga al ex senador la suspensión definitiva.
El pasado 14 de mayo, el Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal declaró fundado el recurso de queja que interpuso Beltrones Rivera, con el que busca ampliar la demanda de amparo que promovió el 14 de julio del 2020 contra la orden de aprehensión.
Los magistrados ordenaron a la juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, dejar insubsistente el acuerdo del 4 de noviembre del año pasado en el que se tuvo por inexistente a una juez de Chihuahua, y, en uno diverso, se pronuncie en relación con la eficacia de la ampliación del juicio de amparo.
Asimismo, determinaron que la juzgadora actuó de forma errónea al determinar la inexistencia de la autoridad señalada por el ex dirigente del PRI nacional, ya que la autoridad sobre la cual se determinó la inexistencia era la jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Abraham González del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, y no la juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, del Distrito Judicial Morelos, del mismo tribunal.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades chihuahuenses, Manlio Fabio Beltrones podría estar relacionado en el desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos que el gobierno de Chihuahua, bajo la administración de César Duarte, habría dado para financiar campañas priistas en los procesos electorales de 2016.