En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió investigar y sancionar el presunto cobro de "moche" a los empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), del cual se señala a la directora general, Rocío García.
La coordinadora perredista en San Lázaro, Verónica Juárez, calificó los hechos dados a conocer a través de una investigación periodística, como inaceptables.
Juárez Piña señaló que dicha conducta configura el delito de cohecho, por lo que es preciso aplicar sanciones.
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Recordó que a través de denuncias hechas por trabajadoras y trabajadores del DIF Nacional, así como el seguimiento periodístico a las mismas, se encontró que la directora del organismo, aplicó a los empleados descuentos de entre 2 y 4 por ciento a sus salarios, con el argumento de que se requerían recursos para un supuesto programa denominado "Ahijado", el cual resultó ficticio.
Con el cobro de "moche" a los empleados del DIF, que inició desde el mes de marzo de 2019, se habrían acumulado 658 mil pesos al mes, o bien, siete millones 900 mil pesos por año; o bien, 15 millones de pesos hasta marzo de 2021.
El dinero en cuestión, citó la investigación periodística, habría sido depositado en cuentas bancarias de los hijos de la directora del DIF.
Juárez Piña recalcó que las denuncias de los trabajadores de la institución se presentaron desde julio de 2020, pero el Órgano Interno de Control no ha dado resultados al respecto.
Recalcó que el cohecho está catalogado como una falta grave, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Incurren en esa irregularidad quienes exijan, acepten, obtengan o pretendan obtener beneficio a través de dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, donaciones o cobros indebidos para sí o para alguien con quien tengan relación personal, laboral o profesional.
En un punto de acuerdo planteado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la coordinadora de la bancada del Sol Azteca en San Lázaro demandó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) avance en las investigaciones sobre las denuncias referidas, y aplique las sanciones que haya a lugar a la directora del DIF, así como a los responsables del Órgano Interno de Control de ese organismo, por incumplir su obligación de atender las quejas contra la señora Rocío García.