La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, el cual arrojó como resultado que seis de los ocho penales federales que son operados por empresas privadas, se encuentran entre los peor evaluados.
Según el documento, los ceferesos de Coahuila, Chiapas, Gómez Palacio, Guanajuato y Sonora obtuvieron una calificación menor a 7.73, mientras que el Michoacán fue el peor evaluado con 6.79.
En contraste, los penales de Oaxaca y el femenil de Morelos obtuvieron una calificación 8.04 y 8.64, respectivamente.
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Respecto a los centros penitenciarios operados por el gobierno federal, el de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, Guadalupe Victoria y Jalisco obtuvieron calificaciones mayores a siete; en tanto que, los de Chihuahua y Veracruz tuvieron una puntuación mayor a seis.
A su vez, los penales de Almoloya, Tepic y Sinaloa obtuvieron una calificación superior a ocho,
Al respecto, la directora general de la Tercera Visitaduría, Hilda Téllez Lino, afirmó que las calificaciones deben interpretarse de acuerdo con el contexto de cada entidad y no se pueden tomar como un listado comparativo entre sistemas penitenciarios, ya que cada uno de ellos reviste características y enfrenta desafíos distintos.
"No se pretende que el presente diagnostico se tomé como un ranking comparativo entre los sistemas penitenciarios federales, estatales o militares, ya que cada uno de ellos reviste características y enfrenta desafíos distintos a tender conforme a los contextos en los que se desenvuelven, por lo que dichas ponderaciones deben servir como referencia para hacer una interpretación cualitativa sobre las áreas de oportunidad persistentes, o en su caso, las buenas prácticas y acciones que han permitido una mejora en los centros penitenciarios identificados en los casos que así proceda".
De acuerdo con el diagnóstico de la CNDH, 14 de los 16 penales federales presentan deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como inexistencia de actividades laborales y de capacitación.