Dos jueces federales con residencia en el Reclusorio Sur ordenaron la liberación del abogado de Florian Tudor y del agente del Ministerio Público federal que presuntamente trató de evitar la detención del ciudadano rumano
Los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y Ganther Alejandro Villa Ceballos resolvieron que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar que el servidor público y el litigante obstruyeran el cumplimiento de la solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra de Tudor.
El jueves de la semana pasada, el también llamado Tiburón fue detenido en la sede central de la Fiscalía General de la República, que se localiza en la avenida de los Insurgentes número 20, lugar al que acudió con el fin de revisar una carpeta de investigación en la que tiene la calidad de indiciado.
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Ese día, la FGR informó que en la diligencia de aprehensión, un agente del Ministerio Público Federal intentó obstaculizarla, mientras que el abogado de Florián Tudor agredió a golpes a los agentes de la Policía Federal Ministerial.
El servidor público y el litigante fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, por los delitos que correspondan.
A los agentes ministeriales les tomó cerca de cuatro minutos trasladar a Tudor de una oficina que se ubica en el primer piso de la sede de la FGR al estacionamiento del inmueble.
Cinco agentes federales tuvieron que sacar cargando al ciudadano rumano, quien con gritos y patadas trató de evitar su detención.
REUNIÓN EN MARZO
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se reunió en marzo con el empresario Florian Tudor, quien es señalado de encabezar a la mafia rumana dedicada a la clonación de tarjetas bancarias.
Sin dar mayores detalles, la dependencia informó que la funcionaria federal atendió la solicitud del ciudadano rumano, de ser escuchado por las autoridades del Gobierno de la República.
Agregó que en el encuentro se le dio a Florian Tudor fecha de la garantía de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia que mantiene bloqueadas las cuentas del empresario.