La Fiscalía General de la República (FGR) no presentó los elementos de prueba suficientes para acreditar el vínculo de Héctor, El G\u00fcero, Palma Salazar con el Cártel de Sinaloa, así como su participación en el delito de delincuencia organizada.
Por este motivo, Víctor Francisco Chávez Romero, secretario del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Jalisco en funciones de juez, resolvió el pasado 30 de abril de este año, absolver a Palma Salazar y ordenar su libertad.
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En la resolución de 282 páginas, de la cual MVS Noticias obtuvo una copia, Chávez Romero determinó que la FGR sustentó su acusación con declaraciones que rindieron testigos protegidos en otras averiguaciones previas, a las cuales no se les dieron validez.
Al respecto, el impartidor de justicia argumentó que "las supuestas declaraciones de los testigos colaboradores que aparecen en dichas pruebas documentales, no es dable otorgarles valorar indiciario, por sus inconsistencias y mucho menos como testimoniales, ya que se obtuvieron dentro de distintas averiguaciones previas, por lo que no fueron desahogadas en la indagatoria que originó este proceso, tampoco fueron ratificados en la averiguación previa génesis del sumario y mucho menos ante el órgano jurisdiccional del conocimiento".
Asimismo, Chávez Romero determinó que las pruebas aportadas por el fiscal de la Federación no lograron acreditar la existencia del elemento constitutivo del delito analizado, pues le correspondía la carga probatoria de acreditar los hechos ilícitos que atribuye al activo del delito, atendiendo al principio de presunción de inocencia de que goza todo inculpado.
Activan alerta máxima/código negro en El Altiplano
Y luego de que se diera a conocer la resolución, Palma Salazar interpuso un juicio de amparo contra lo que calificó como la privación ilegal de la libertad derivada de la omisión de ejecutar la sentencia absolutoria dictada a su favor.
El juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo, titular del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, le negó la suspensión y solo le otorgó la medida cautelar para el efecto de que no sea incomunicado, ni torturado.
No obstante, el actuario no pudo entregar la notificación, debido a que personal de seguridad le indicó que no podía ingresar al penal del Altiplano, debido a que se activó el "estado de alerta máxima, código negro" con el que no se autoriza el acceso de persona alguna, ni para notificar, ni para entregar oficios.