El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó interponer una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
También adelantó que no podría destinar en este momento recursos a ese padrón, debido a que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 no contempla recursos para poner en marcha dicho registro.
En un comunicado el IFT, afirmó que el mandato legislativo para que el IFT lleve a cabo acciones para instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil configura una afectación directa a una garantía institucional de este órgano autónomo prevista en la Constitución.
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Además de que establece que el IFT realizará las acciones necesarias para solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes.
En este sentido, afirmó también que el acto legislativo contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en los artículos sexto y séptimo de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales.
Es por ello que el Pleno del IFT aprobó presentar una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Agregó que conforme a lo dispuesto en la Constitución, el IFT es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y con la facultad de ejercer su presupuesto de forma autónoma, por lo que la Cámara de Diputados le garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirle el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias.
El presupuesto asignado al Instituto para el presente ejercicio fiscal es de mil 510 millones de pesos, el cual, una vez que es aprobado por la Cámara de Diputados se calendariza, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) programe las ministraciones mensuales.