Para evitar que se ejercite la acción penal en su contra; Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, ex director Jurídico de la cooperativa la Cruz Azul, ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) pagar 5 millones de pesos por concepto de reparación del daño por las conductas en las que indirectamente participó, pero que presenció durante años.
El ex directivo se comprometió a realizar el pago, a través de uno o varios cheques de caja o certificados, una vez que ya no esté vigente la orden de aprehensión que se libró en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro.
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Al igual que Borrel Rodríguez, el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda también solicitó al FGR acceder a un criterio de oportunidad con el fin de que se extinga la acción penal en su contra. En su escrito, ambos personajes señalan al ex presidente de la cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas, de ser el autor intelectual de sobornos, extorsiones y fabricación de delitos, además del desvío millonario de recursos a través de empresas fantasmas, en complicidad con su hermano José Alfredo Álvarez y Víctor Manuel Garcés Rojo.
En su escrito, Miguel Eduardo Borrel aseguró que cuando menos durante cuatro años, del 2014 al 2018, recibía cada mes de Ángel Martín Junquera, cantidades de dinero que eran entregadas a Guillermo Álvarez, quien a su vez lo repartía entre su hermano José Alfredo y Manuel Garcés.
Al respecto, Junquera Sepúlveda refirió que estas entregas de enero se realizaron durante seis años, 2014 al 2019, por un monto de 52 millones 421 mil 500 pesos, en cantidades mensuales que iban desde los 200 mil hasta los 2 millones 400 mil pesos.
Asimismo, aseguró que el 30 de junio de 2004 se modificó el fideicomiso que se constituyó en junio de 1993, para que los pagos de las pólizas de seguro se realizarán a la firma Impulso Agentes de Seguros y Fianzas, cuyo representante es Carlos Javier Torroba Wolff, quien se encuentra vinculado con Víctor Manuel Garcés.
A través de la firma de diversos contratos, Torroba Wolff, por instrucciones de Álvarez Cuevas, se vio beneficiado con 160 millones 540 mil pesos.
A su vez, Miguel Eduardo Borrel aseveró que Patricia Negrete Aguirre, ahijada de José Alfredo Álvarez Cuevas y distribuidora de materiales de la cooperativa, tenía una deuda de 10 millones de pesos, misma que fue condonada, luego de que se comprometió a denunciar, por instrucciones de su padrino, a varios disidentes.
Entre las empresas que presuntamente fueron utilizadas por los directivos de la cementera para la comisión de actos ilícitos se encuentran: Expertos en Asesoría Empresarial, K&C Consulting, Asesorías Profesionales Eicer, Plexival, Trans Nau, Aura Desarrollo Social, Servicios Profesionales Baal, Corporativo Facundia, Hesperia Imagina y Margen Asesores.