El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE acusó al Subsecretario del Trabajo de la Secretaria del Trabajo, Alejandro Salafranca, de presionar a los empresarios de Americas Gold and Silver para imponer a Napoleón Gómez Urrutia como representante de los trabajadores en la mina San Rafael, en Cosalá, centro de trabajo que se encuentra "parado de manera ilegal e injustamente desde el 26 de enero de 2020 por golpeadores al servicio del también senador de la República".
"Esa intromisión es un acto violatorio al estado de derecho y a la autonomía sindical", aseguró Carlos Pavón, líder del FRENTE, organización sindical disputa la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en aquella mina.
Información relacionada: Sindicato Minero FRENTE pide que no se politice eventual rescate de cuerpos de mineros de Pasta de Conchos
El dirigente sindical consideró que se trata de un acto que nada ha beneficiado a los trabajadores de esa zona de Sinaloa.
Recordó que fueron "golpeadores" encabezados por Yasser Beltrán los que cerraron la mina ilegal e injustamente, motivo por el que existen 16 denuncias penales por despojo y otros delitos.
Dijo que desde el 26 de enero de 2020, la mina \u2013cuya concesionaria es Americas Gold and Silver-ha sido saqueada por este grupo que se hacen pasar por mineros.
Así, agregó, a un año tres meses de parar operaciones por motivos que nada tienen que ver con cuestiones laborales, cientos de trabajadores han perdido su empleo dejando sin sustento a sus familias.
"Ni la empresa ni nuestro sindicado y mucho menos los trabajadores han tenido que ver en el cierre de la mina, ese es un acto ilegal a todas luces por parte de esos golpeadores, y del que Napo busca un beneficio propio en todos los aspecto, desde el transporte a la mina, en todo", enfatizó.
El también diputado federal refirió que por estos hechos, el FRENTE tiene en su poder un amparo por las irregularidades ocurridas durante el recuento por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.
En este sentido lamentó que sin importar estos antecedentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), máxima autoridad laboral en el país, "en un acto de abuso de poder ha rebasado sus funciones intentando persuadir y manipular de mala fe a la empresa y al FRENTE para que desistan de sus denuncias".