En medio de críticas de legisladores de oposición, el Senado de la República avaló la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que sustituye a la aprobada en 2018, la cual presentaba problemas de inconstitucionalidad.
Con 90 votos a favor y 28 en contra, el pleno de la Cámara Alta dio luz verde al proyecto enviado desde San Lázaro que precisa que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.
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Además, establece una fórmula para determinar el salario del titular del Ejecutivo, así como de los servidores públicos, los cuales se definirán a partir de elementos como el PIB pér cápita y la figura de "remuneración anual máxima".
En este sentido, senadores de oposición advirtieron que la nueva legislación no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia, que estableció parámetros como el nivel de responsabilidad, la especialización y el riesgo asociado a las funciones, para determinar las remuneraciones máximas.
Desde la tribuna, la senadora por el PRI, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que en la ley no existen criterios objetivos para establecer los ingresos de quienes colaboran en el servicio público.
En el mismo sentido, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que con esta legislación se sostienen las violaciones constitucionales, pues no se establecen de manera clara los parámetros para calcular las remuneraciones de los servidores públicos.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, subrayó que al no tener parámetros claros para determinar los salarios, como lo mandató la Suprema Corte de Justicia, se abrirá la puerta a la discrecionalidad.
La senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, se pronunció a favor de acabar con los privilegios de la clase gobernante, pero advirtió que al establecer salarios bajos se provocará que llegue gente incapaz al servicio público.
El dictamen aprobado se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.