La Presidencia de la República interpuso un recurso de queja para impugnar la suspensión provisional que le concedió el juez Juan Pablo Gómez Fierro a Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
El recurso deberá ser resuelto en las próximas horas por uno de los dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el cual deberá determinar si confirma, revoca o modifica la medida cautelar.
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En este marco, el juez Gómez Fierro otorgó otras 28 suspensiones provisionales contra las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo cual ya suman 58 las medidas cautelares que se otorgan a particulares y asociaciones civiles que se oponen a registrar su línea telefónica en el PANAUT.
Al respecto, el impartidor de justicia argumentó que la cancelación de la línea telefónica a aquellos usuarios que no registren sus datos en el padrón, podría incidir en otros derechos como el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, lo que a su vez, repercutiría en el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, reconocidos en el artículo sexto de la Constitución.
En este contexto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, interpuso el pasado 21 de abril un juicio de amparo contra el PANAUT; sin embargo, su demanda aún no es admitida trámite, ya que el juez Gómez Fierro le dio un plazo de cinco días, contado a partir de la notificación, para que subsane las inconsistencias que presenta su escrito.
Desecha 53 juicios de amparo
Por su parte, el juez Rodrigo de la Peza desechó por improcedentes 53 demandas de amparo que impugnan la obligación de entregar datos personales y biométricos al PANAUT.
A diferencia de su homólogo Gómez Fierro, De la Peza consideró que la presentación de estos juicios es prematura, porque la reforma legal todavía no causa afectaciones a los clientes de telefonía celular.
Detalló que es requisito para su operación que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expida disposiciones administrativas, en un plazo de 180 días, el cual empezó a correr el 17 de abril.