El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, calificó como relevante la reaprehensión de siete militares implicados en el caso Tlatlaya en 2014, quienes habrían participado en la ejecución extrajudicial de varias personas y reiteró su demanda de que sea investigada y juzgada la cadena de mando.
Luego de que se diera a conocer a través de información periodística la detención de estos presuntos implicados que con anterioridad habrían sido detenidos y liberados, el Centro Pro recordó que el pasado 30 de junio del 2014, 22 personas fueron privadas de la vida por elementos del Ejército Mexicano y luego de que se pusiera en duda la versión oficial de la muerte en un enfrentamiento, una de las sobrevivientes y madre de una de las víctimas confirmó que se trató de ejecuciones extrajudiciales.
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Ante la evidencia, la entonces PGR presentó cargos contra siete militares por la ejecución de ocho personas, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas en estos hechos registrados en el Estado de México.
Por ello considera que "la reaprehensión de los responsables es relevante. No habría ocurrido sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del poder judicial sobre la C".
Finalmente señaló que con ello no se agotan los pendientes de la justicia sobre este caso y sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando que dio la orden de "abatir. Tlatlaya es un caso emblemático de los riesgos de la militarización y de las reticencias del º a rendir cuentas ante instancias civiles".